La presidenta de la Corte Suprema, Janet Tello, anunció que en junio se definirá si se sigue el camino de la Fiscalía, que ya presentó una demanda contra la norma que restringe el decomiso de bienes ilícitos sin sentencia firme
El Poder Judicial se encuentra evaluando la presentación de una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la ley que modifica el proceso de extinción de dominio, promulgada por el Ejecutivo el pasado 9 de mayo. Así lo informó la presidenta de la Corte Suprema, Janet Tello, quien precisó que se tomará una decisión definitiva a mediados de junio.
Esta medida sigue los pasos de la Fiscalía de la Nación, que ya interpuso una demanda ante el TC por considerar que la nueva norma debilita la lucha contra delitos graves como la corrupción, el narcotráfico, el lavado de activos y el crimen organizado.
“La propiedad es inviolable cuando es adquirida lícitamente. Pero cuando no se puede demostrar un origen legal, no hay derecho de propiedad que deba ser protegido”, afirmó Tello. También recordó que el sistema de extinción de dominio ha permitido recuperar más de 772 millones de dólares en bienes vinculados a actividades ilícitas, lo que ha contribuido a obras sociales como hospitales y escuelas.
El nuevo marco legal establece que la extinción de dominio solo podrá aplicarse con una sentencia firme en última instancia, lo que, según críticas del Poder Judicial y el Ministerio Público, entorpece la efectividad de esta herramienta legal contra organizaciones criminales.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, fue enfática en señalar que la norma no contempla los delitos más graves que enfrenta el país, como el sicariato y la extorsión, fenómenos cada vez más presentes en las zonas urbanas y rurales del Perú. También anunció que el Ministerio Público prepara una demanda adicional contra otra ley que permite procesar penalmente a adolescentes de 16 y 17 años como adultos.
La discusión legal ahora se traslada al Tribunal Constitucional, donde se definirá si esta nueva legislación se mantiene o si es declarada contraria a los principios constitucionales que rigen la lucha contra el crimen organizado en el país.
Fuente: Rpp
