Abogado ambientalista advierte que la medida del Ministerio de Cultura carece de sustento técnico, pone en riesgo las Líneas de Nasca y sienta un peligroso precedente para otros sitios protegidos del país.
En las últimas semanas se ha desatado una fuerte controversia por la decisión del Ministerio de Cultura de recortar el área protegida del parque arqueológico de las Líneas de Nasca, declarado patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO. Esta medida fue presentada como un intento de “precisar los límites” del sitio, pero rápidamente fue denunciada por carecer de estudios públicos y por favorecer intereses vinculados a la minería informal.
El abogado ambientalista César Ypensa, a través de Radio Onda Azul, señaló al respecto que, diversos sectores, como el Colegio de Arqueólogos del Perú, exautoridades, guías de turismo y medios nacionales e internacionales, han expresado su rechazo, advirtiendo que se trata de una decisión arbitraria que pone en peligro uno de los patrimonios culturales más importantes del país. La indignación también surgió porque esta medida se alinea con pedidos previos de organizaciones de mineros informales que buscaban ingresar a zonas actualmente protegidas.
Ante la presión pública, el Ministerio de Cultura emitió un comunicado señalando que el primer artículo de la resolución sería revisado, por ende, momentáneamente anulada. Además, precisó que se anunció la creación de una mesa técnica integrada por autoridades locales y gremios, incluyendo representantes del sector minero informal, lo cual ha sido duramente criticado por generar un evidente conflicto de intereses.
Asimismo, advirtió que esta situación podría sentar un grave precedente para otros patrimonios nacionales como Machu Picchu, Sacsayhuamán o áreas naturales protegidas. También alertó sobre la propuesta de la Ley MAPE, que, bajo el argumento de apoyar a la minería artesanal, en realidad otorga amplias facilidades a la minería informal, incluso en zonas donde está prohibida por ley, como cuerpos de agua o territorios indígenas.
“Lo ocurrido en Nasca representa un riesgo para la integridad del patrimonio cultural y natural del Perú. La débil actuación del Estado frente al poder de la minería informal, sumada a una falta de transparencia y voluntad política para proteger el legado nacional, exige una respuesta firme de la ciudadanía, el Congreso y la comunidad internacional”, enfatizó.
