En su mensaje a la Nación, Dina Boluarte evitó enfrentar con firmeza la minería ilegal, pese a su impacto criminal y ambiental; especialistas advierten retrocesos legislativos y falta de voluntad política
La presidenta Dina Boluarte, en su último mensaje a la nación, solo nombró seis veces a la minería ilegal, la misma cantidad que usó para llamarlos “pequeños mineros artesanales”. No mencionó ni anunció medidas concretas para enfrentar el crimen organizado y la minería ilegal e informal en el país.
Dijo que se aprobó una estrategia nacional para la reducción e interdicción de esta actividad al 2030 y que se hicieron operativos en Pataz, La Libertad, y Madre de Dios, afectando a las organizaciones criminales con más de 181 millones de soles, obviando a la región de Puno.
El discurso de Boluarte se puede explicar porque la presidenta no quiere poner en riesgo el apoyo que tiene en el Congreso, de congresistas que tienen vínculos con los mineros, quienes impulsaron y aprobaron, por ejemplo, el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
Dice mucho de las prioridades de este gobierno que haya dedicado pocas líneas a esta actividad cuando, según Ipsos, el 81 % de peruanos considera a la minería ilegal es una amenaza para la seguridad nacional y la relaciona con el lavado de activos, la trata de personas, la extorsión y la deforestación.
Se conoce que, el congreso aprobó, en el último año, un paquete de normas que, según especialistas, representan “un retroceso de más de diez años” en la lucha contra la minería ilegal, y la presidenta Boluarte las publicó con premura. Entre ellas: la Ley 31973, que amplió plazos de formalización; la modificación de la Ley Forestal, que permite el uso de tierras en zonas de alto valor ecológico; la eliminación de sanciones penales para el transporte de insumos químicos; la reducción del presupuesto de interdicción; y la ley que debilita la Unidad de Inteligencia Financiera, dificultando el rastreo de capitales del oro ilegal.
