Pese a estar implicados en casos de presunta agresión sexual, José Jerí y Ernesto Álvarez ocupan los cargos más altos del Ejecutivo. Colectivos feministas denuncian impunidad y falta de sensibilidad estatal frente a la violencia de género
La designación de Ernesto Álvarez Miranda como presidente del Consejo de Ministros, bajo el Gobierno de José Jerí Oré, ha despertado una ola de indignación entre colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos. Ambos altos funcionarios del Estado cuentan con antecedentes por presunta agresión sexual, aunque sus casos hayan sido archivados. Para muchas voces de la sociedad civil, esto refleja una tolerancia estructural a la violencia contra las mujeres en el sistema político peruano.
Denuncias que el poder silencia
Ernesto Álvarez, ex presidente del Tribunal Constitucional y ahora premier, tiene seis denuncias en el Ministerio Público, entre ellas dos por violación sexual en 2016. Aunque él asegura que los casos fueron “inconsistentes” y por eso se archivaron, nunca llegó a tomar acciones legales contra la denunciante.
Por su parte, el actual presidente José Jerí también fue denunciado por presunta violación sexual en diciembre de 2024. Según el testimonio de la víctima, los hechos ocurrieron durante un viaje recreativo donde Jerí estuvo presente. La mujer relató haber perdido el conocimiento tras consumir bebidas alcohólicas y, al despertar, se encontró desnuda y con una prenda del entonces congresista a su costado. Pese a la gravedad del testimonio, el caso fue archivado.
Colectivos feministas: “El archivo no borra la violencia”
Desde la Institución Flora Tristán, la directora Liz Meléndez ha sido contundente: “La impunidad es la norma. Se desestima el testimonio de las mujeres y se nombra a personas con antecedentes graves como si no pasara nada”.
Meléndez señaló que los procesos judiciales por violencia sexual rara vez llegan a una condena, lo cual no significa que las denuncias carezcan de validez.
“Una denuncia archivada no es sinónimo de mentira. Es sinónimo de un sistema que no respalda a las víctimas, que las deja solas frente al poder del agresor”, sostuvo.
Además, advirtió que muchas víctimas enfrentan procesos largos, estigmatización social y dudas constantes sobre su credibilidad, lo que termina desincentivando la búsqueda de justicia.
¿Qué dice esto del Gobierno actual?
La presencia de dos hombres denunciados por violencia sexual en los máximos cargos del Ejecutivo no solo lanza un mensaje preocupante, sino que normaliza la impunidad, afirman los colectivos feministas.
“El Gobierno de Jerí está diciendo claramente que la palabra de las mujeres no importa. Que puedes ser acusado por violación y aun así dirigir el país”, señaló una vocera del colectivo Ni Una Menos.
Este caso evidencia una grave desconexión entre el discurso oficial sobre derechos humanos y la realidad política, donde el historial de denuncias parece ser irrelevante para asumir funciones públicas.
El reto pendiente: romper con la impunidad
Colectivos feministas exigen que los criterios de idoneidad para ejercer cargos públicos incluyan no solo la formación académica o experiencia política, sino también una conducta personal libre de denuncias por violencia o delitos sexuales, más aún cuando se trata de roles con poder e influencia en políticas públicas.
“Este país necesita autoridades que comprendan la magnitud del daño que causa cada caso de violencia. No podemos seguir premiando con poder a quienes han sido señalados como agresores”, concluyó Meléndez.
