El caso reabre el debate sobre los criterios para conceder beneficios penitenciarios y la efectividad del sistema de control y seguimiento de personas con antecedentes penales.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que el presunto delincuente abatido por la Policía Nacional del Perú (PNP) en la Vía Expresa de Lima se encontraba en libertad condicional, beneficio otorgado por el Poder Judicial. El sujeto había sido condenado por delitos anteriores y estaba bajo supervisión del INPE al momento del incidente. Este hecho ha generado cuestionamientos sobre los criterios utilizados para conceder libertades condicionales a personas con antecedentes penales.
El caso ha reavivado el debate público sobre la eficacia del sistema judicial y penitenciario en la evaluación de riesgos al otorgar beneficios penitenciarios. Diversos sectores de la sociedad han expresado su preocupación por la reincidencia delictiva de individuos que, tras obtener libertad condicional, vuelven a cometer actos delictivos. La situación plantea la necesidad de revisar y fortalecer los mecanismos de control y seguimiento de quienes acceden a este tipo de beneficios.
Ante la controversia, el Poder Judicial ha señalado que la concesión de la libertad condicional se basó en los informes y evaluaciones disponibles en su momento. Sin embargo, este caso específico ha puesto en evidencia posibles fallas en el sistema de evaluación y seguimiento de beneficiarios de libertad condicional. Las autoridades competentes han anunciado que se revisarán los procedimientos actuales para garantizar que se minimicen los riesgos para la seguridad pública.
