El Cuarto Juzgado Especializado en Corrupción de Funcionarios dictó la medida contra los presuntos integrantes de una banda criminal acusados de delitos en agravio del Estado peruano.
La jueza María Candelaria Morales Segura, titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, resolvió declarar fundado el pedido de prisión preventiva contra cinco investigados acusados de integrar una banda criminal y cometer delitos en agravio del Estado peruano.
La magistrada determinó que el plazo de la prisión preventiva será de 15 meses, reduciendo la solicitud inicial del Ministerio Público, que pedía 18 meses. Según el análisis judicial, se consideró que, en los ocho meses de investigación preparatoria ordenados, podrían sumarse entre tres a cuatro meses más para completar las pesquisas, y tres meses adicionales para las etapas intermedia y de juzgamiento.
En la resolución, se detalló que se cumplían los requisitos legales para la imposición de esta medida, incluyendo la gravedad de los delitos imputados y el peligro de fuga o de obstaculización de la justicia por parte de los investigados.
Los implicados en este caso son: Carlos Israel Ramos Colque, sindicado como presunto autor de los delitos de banda criminal, peculado de uso en dos hechos y tenencia ilegal de material explosivo, Ángelo Giuliano Flores Miranda, acusado de integrar una banda criminal y de cometer peculado de uso, Ciro Godoy Condori Yanqui, presunto autor de los delitos de banda criminal y peculado de uso, Edwin Centeno Merma, investigado por pertenecer a una banda criminal, Ismael Mamani Bellido, también imputado por el delito de banda criminal.
Respecto al delito de cohecho pasivo imputado inicialmente, la jueza Morales Segura indicó que, tras revisar el caso conforme al Acuerdo Plenario 1/2019, los hechos corresponderían más bien al delito de extorsión, tipificado en el artículo 200 del Código Penal.
Además, se ordenó girar los oficios necesarios para el internamiento inmediato de los investigados en un establecimiento penitenciario designado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), así como medidas de custodia policial hasta su traslado definitivo. Finalmente, el juzgado dispuso la notificación de esta resolución a las partes agraviadas y al resto de sujetos procesales.
