Proyecto de agua potable para Puno sigue sin presupuesto definido, Comité de Vigilancia advierte riesgo de retrasos en el Convenio 025


Presidente del Comité de Vigilancia del Convenio 025
Presidente del Comité de Vigilancia del Convenio 025

El Comité de Vigilancia del Convenio 025 advirtió que los retrasos administrativos y la falta de gestión política ponen en riesgo la ejecución de una obra clave para el abastecimiento de agua en la ciudad de Puno.

El presidente del Comité de Vigilancia del Convenio 025, Alex Valerio Quispe, informó que el proyecto de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Puno aún enfrenta serias dificultades presupuestales y administrativas que ponen en riesgo su ejecución, pese a contar con expediente técnico aprobado y terrenos saneados.

Durante una entrevista en Radio Onda Azul, señaló que el financiamiento del proyecto depende del Banco Mundial, que exige la liquidación y cierre de proyectos complementarios (como el de la Zona Norte y el Centro Histórico) para autorizar el desembolso.

El problema es que la Municipalidad Provincial de Puno recién se ha comprometido a elaborar el expediente técnico de saldo de obra hasta diciembre de este año, cuando el tema debió resolverse el año pasado”, cuestionó.

Asimismo, precisó que el Ministerio de Vivienda ya cuenta con la documentación de saneamiento físico-legal y que el siguiente paso será la revisión por parte de la Contraloría General de la República, lo que tomaría alrededor de 30 días. Alertó que parte del presupuesto asignado al proyecto se revirtió al Tesoro Público, lo que podría demorar su recuperación.

Por su parte, el vicepresidente del Comité de Vigilancia, Eduardo Suni, advirtió que la falta de interés del gobierno municipal y la ausencia de gestión política de los congresistas puneños están debilitando el avance de una obra que busca garantizar agua potable y saneamiento a los barrios periféricos de la ciudad.

“No se ha perdido el dinero, pero se ha revertido; y cuando el presupuesto vuelve al Tesoro, otras regiones pueden usarlo. Ese es el riesgo”, explicó.

Finalmente, los dirigentes exigieron mayor compromiso de las autoridades locales y nacionales para evitar que el Convenio 025, iniciado en 2016, siga paralizado.