La Contraloría General detectó un perjuicio económico de S/ 401,749.30, en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) San Román, debido al doble pago de remuneraciones a los profesores que fueron destacados a dicha UGEL para realizar labores administrativas entre los años 2016 al 2018. Se detectó que los maestros continuaron recibiendo su sueldo mensual de las instituciones educativas donde originalmente fueron nombrados.
Según el Informe de Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad N°018-2019-2-0741-SCE, los directores de la entidad contravinieron la Ley de Reforma Magisterial y su reglamento, ya que sólo es permitido el destaque de un profesor nombrado a una plaza vacante presupuestada de la misma u otra institución educativa para desempañar el mismo cargo y no para ocupar un cargo distinto al de origen ni para realizar funciones administrativas.
El informe señala que durante los años 2016 al 2018 se dispuso el destaque de 10 docentes, nombrados en instituciones educativas públicas de educación básica y técnico productiva, para realizar labores administrativas en distintos cargos de la UGEL San Román.
La entidad dispuso que los profesores destacados continúen percibiendo su remuneración íntegra mensual (RIM) de la institución educativa de origen, pese a que en calidad de empleados públicos tenían la obligación de salvaguardar los intereses de Estado y emplear austeramente los recursos públicos, afectándolos por S/ 345,910.63.
Por otro lado, se aprobaron y autorizaron las planillas para el pago de incentivos laborales a favor del personal con Contrato Administrativo de Servicio (CAS) y locación de servicios, y esto generó un perjuicio por S/ 55,838.67.
Los representantes de la Contraloría verificaron que se contrató personal por la modalidad del D.L. N°1057 (CAS) y por locación de servicios, donde el titular de entidad dispuso que al personal contratado se le encargue cargos de dirección permitiendo que reciban incentivos laborales inherentes al personal administrativo.
El informe identificó a ocho exfuncionarios con presunta responsabilidad administrativa y civil, y fue comunicado, mediante oficio, al titular de la Dirección Regional de Educación de Puno con la finalidad de que recomendar el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores comprendidos en el informe conforme al marco normativo aplicable.
Asimismo, se plantea poner de conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales del Gobierno Regional de Puno los resultados del informes para que inicie las acciones legales respecto a las personas señaladas.
