Dina Boluarte presentó un proyecto de ley para endurecer las penas de delitos cometidos durante el estado de emergencia y la convulsión social. Pobladores opinan que ley busca imponer el miedo y silenciar a la población que protesta
El gobierno de Dina Boluarte presentó un proyecto de ley que busca endurecer las penas para reforzar la respuesta del Estado frente a los delitos que afectan la vida, el cuerpo y la salud, así como los bienes públicos y privados cometidos durante la vigencia de un estado de emergencia. Por su parte, los pobladores exigen que no haya persecución política a los dirigentes que lideran los paros que ahora se ocultan por temor a represalias y a los propios manifestantes.
En la exposición de motivos, el texto cita al Tribunal Constitucional, el cual señala, por ejemplo, que, si bien existe el derecho fundamental a la manifestación, esta no ampara el uso de la violencia como un fin o mecanismo. El TC también indica que «los autores de los desmanes, actos violentos o delitos deben ser sancionados sin reprimir a todos los que participan de la protesta”.
Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, justificó el proyecto de ley N° 4271, presentado por el Poder Ejecutivo al Legislativo, del cual refiere, se busca modificar el Código Penal a fin de reforzar la respuesta del Estado frente a los delitos en mención.
Según la iniciativa, se busca endurecer las penas de delitos cometidos «durante el estado de emergencia y la convulsión social«, el mismo que propone, aumentar de 8 a 14 años las penas para lesiones leves (la pena actual es de 2 a 5 años) y sanciones entre 4 y 8 años para formas agravadas de daños de bienes (actualmente la pena es de 1 a 6 años).
En entrevista con RPP Noticias, el ministro no califica como autoritario esta iniciativa y reitera que es una postura del Poder Ejecutivo, y es compartida por integrantes del Consejo de Estado.
Al respecto, Onda Azul, abrió micrófonos a sus oyentes para recibir opiniones; en su mayoría coincide que el proyecto de ley, de tipo penal, busca imponer el miedo y silenciar a la población que protesta. Mas pidieron al Poder Judicial, el Ministerio Público, Policía Nacional, mejorar su trabajo para individualizar y condenar a aquellos “infiltrados” “violentistas” “vándalos” que generan violencia y atentas los bienes públicos y privados.
De igual forma, dan a conocer que, hay persecución política contra dirigentes, motivo por el que ahora salen a protestar los denominados autoconvocados. Piden que, para acusar a autores intelectuales de un delito los operadores de justicia deben “saber investigar” y no solo utilizar medios probatorios de medios de comunicación tergiversando las declaraciones de dirigentes.
En posición contraria, otro grupo de oyentes manifestaron estar de acuerdo con la medida dictada por el gobierno de Boluarte, porque señalan que hay grupos de manifestantes que obstruyen las vías de comunicación, amedrentan contra los transportistas y hasta llegan a agresiones contra los pobladores que desean viajar.
