El periodista, Liubomir Fernández indicó que el presidente de la República Pedro Castillo, no tiene carácter y determinación política para enfrentar la corrupción que existe en el país; ya que durante su enfrentamiento político se da muestra clara que tiene una debilidad psicológica para enfrentar y defender los intereses de la ciudadanía de los intereses de la derecha, como por ejemplo el acceso al gas y de las sobre ganancias de las empresas mineras.
Los peruanos estaban esperando un gobierno que realice acciones determinantes para implementar políticas públicas o iniciar con el cambio de la Constitución a través de una Asamblea Constituyente; sin embargo, la población se está desilusionando cuando ve que el equipo técnico que lo acompaña tampoco sabe cómo realizar los cambios, indicó Fernández.
Precisó que cuando se quiere promover cambios en el país, se tiene que tener “estrategias” y no “errores constantes” que ayuden a un sector de medios de comunicación de la derecha aprovecharse de la situación para generar posiciones negativas en contra del gobierno.
Enfatizó que, si Pedro Castillo no genera cambios en el país, la intención de sacar al presidente de la República por parte del Congreso de la República queda en segundo plano, porque será el pueblo quien tome la medida de sacar a todos del poder, mientras tanto existe la esperanza escuchar algo nuevo en el mensaje de la nación del 28 de julio.
Con respecto a la iniciativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de promover un proyecto de ley para sancionar a los jueces, fiscales y policías que filtren información a la prensa de sus aspirantes a colaboradores cuando se trate de casos en reserva, señaló que la información y el acceso a los expedientes tienen que ser públicos, para ayudar en el trabajo de investigación periodística que tiene como objetivo revelar hechos corrupción que se han estado generando por muchos años.
Finalmente, remarcó que la propuesta presentada sólo beneficiará a los corruptos que están inmersos en todos los poderes del Estado, tratando de no hacer valer el derecho a la información a pesar de ser un derecho constitucional.
