El Ministerio Público recorta fondos para la Dirección de Derechos Humanos, afectando la búsqueda de justicia en los casos de desapariciones forzadas del conflicto armado interno
El Ministerio Público de Perú ha recortado el presupuesto destinado a la Dirección de Derechos Humanos e Interculturalidad, lo que ha provocado la cesación de contratos de biólogos y otros profesionales especializados en la identificación de restos humanos en Ayacucho, región clave en el conflicto armado interno. Esta decisión pone en grave riesgo la continuidad de las investigaciones sobre desapariciones forzadas, particularmente aquellas ocurridas entre 1980 y 2000, y afecta la labor del laboratorio de biología molecular y genética que trabaja en la identificación de víctimas mediante ADN mitocondrial.
El recorte presupuestal y la falta de recursos asignados para este año fiscal dificultan la restitución de los restos hallados en fosas clandestinas, afectando a miles de familiares que aún esperan respuestas. Activistas y familiares de las víctimas han expresado su indignación ante la medida, que va en contra de las promesas de búsqueda y justicia realizadas por las autoridades. Esta situación refleja un retroceso en el compromiso con los derechos humanos en el país.
