Reportan que en la región de Puno solo se cuenta con 88 empresas formalizadas, lo que representa el 1% de formalización


Catedrático de la UNA Puno habla sobre la minería informal e ilegal en la región
Catedrático de la UNA Puno habla sobre la minería informal e ilegal en la región

Catedrático de la UNA Puno denuncia trabas legales, acaparamiento de concesiones y falta de voluntad política como causas del estancamiento; propone una reforma profunda y mayor presencia estatal en zonas críticas como Carabaya y San Antonio de Putina.

El catedrático de la Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) Puno, Fidel Huisa, expresó su preocupación por la compleja situación de la minería informal e ilegal en la región. Señaló que, pese a más de una década de intentos por formalizar la pequeña minería desde el gobierno de Ollanta Humala, los resultados son mínimos: de más de 12 mil inscritos, solo 88 mineros están formalizados. Esta cifra alarmante refleja un sistema lleno de trabas administrativas, legales y estructurales, donde muchos mineros, aunque con concesión o derecho de uso del terreno superficial, no logran formalizarse por la falta del otro requisito.

Subrayó que el problema se agrava por el acaparamiento de concesiones mineras por parte de grandes empresas, muchas veces extranjeras, que impiden el acceso a mineros locales. Esta situación genera conflictos sociales y fomenta la informalidad, ya que comuneros que históricamente han trabajado esas tierras son desplazados o presionados a pagar por seguir operando. La falta de voluntad política y la prolongación constante del proceso de formalización han perpetuado un sistema en el que se pierde valor económico y se generan impactos ambientales sin control adecuado.

Desde la academia, Huisa sostiene que la solución debe partir por una reforma legal profunda que redefina el rol de las concesiones mineras y brinde mecanismos reales de acceso para los pequeños productores. Propone la reversión de concesiones ociosas y exige mayor presencia del Estado en regiones como Carabaya o San Antonio de Putina, las más afectadas por la minería informal. A su vez, resalta que la fiscalización y los estudios de impacto ambiental no deben ser solo documentos administrativos, sino herramientas reales para proteger el entorno.

Finalmente, destacó que la UNA Puno ha asumido su responsabilidad formando profesionales con enfoque ambiental y sostenible. La facultad incluye cursos como Ecología y Desarrollo Sostenible, Plan de Cierre de Minas y Evaluación Ambiental. Además, han iniciado trabajos de colaboración con cooperativas mineras para capacitar en seguridad, control de impactos y tecnologías alternativas al uso del mercurio. «Estamos avanzando, pero sin reformas legales y una presencia estatal firme, la situación no cambiará», concluyó.