Más de 1,800 sentenciados por delitos menores en Puno no cumplen con servicios comunitarios; Poder Judicial advierte posible revocatoria de penas y colapso del sistema penitenciario
El presidente de la Sala Penal de Apelaciones de la provincia de San Román, Hernán Laime, alertó sobre una preocupante situación en la región de Puno y es que más de 1,800 personas sentenciadas a jornadas de prestación de servicios comunitarios no han cumplido con su sanción. En entrevista con Radio Onda Azul, detalló que estas personas fueron condenadas por delitos menores, como conducir en estado de ebriedad, omisión de asistencia familiar, violencia familiar, hurtos y lesiones leves.
Señaló que, pese a que la pena establecida no implica internamiento en un penal, el incumplimiento reiterado de estas sanciones podría llevar a los jueces a revocar la medida y ordenar el ingreso de los sentenciados a centros penitenciarios. Esta situación resulta especialmente preocupante dado el hacinamiento en las cárceles, donde en una celda para cuatro personas llegan a convivir hasta 16, algunos durmiendo en el suelo o en cuclillas. «No es razonable sustituir una pena comunitaria por una privación de libertad cuando el sistema ya está colapsado», advirtió.
Asimismo, el magistrado recordó que el Decreto Legislativo 1191 faculta al juez a revocar la sanción si el sentenciado incumple sin justificación. Por ello, hizo un llamado urgente a los involucrados para que se acerquen a las instancias correspondientes y regularicen su situación. También exhortó al Poder Judicial a realizar un seguimiento más riguroso del cumplimiento de estas penas, que representan una oportunidad para la resocialización sin recurrir al sistema penitenciario.
Finalmente, subrayó la necesidad de canalizar adecuadamente esta fuerza laboral que podría contribuir al mantenimiento de espacios públicos, como el barrido de calles o el pintado de escuelas. «No son criminales peligrosos, sino personas que necesitan una segunda oportunidad», concluyó, al tiempo de enfatizar que se ha emitido una comunicación general dirigida a quienes cumplen parcialmente, han abandonado o ejecutan mal su sanción, otorgándoles un plazo perentorio para regularizar su situación antes de que se proceda con sanciones más severas.
