Tribunal neerlandés evalúa si puede juzgar a la filial de Repsol por el peor desastre ecológico en la historia reciente del país andino
El miércoles 9 de abril, el Tribunal de Distrito de La Haya celebró la primera audiencia para evaluar si puede juzgar a Repsol Países Bajos (Repsol NL) por su presunta responsabilidad en el derrame de petróleo ocurrido en el mar de Ventanilla, Perú, en enero de 2022. La causa, impulsada por la fundación Stichting Environmental and Fundamental Rights (SEFR), representa a más de 50.000 víctimas y reclama una indemnización de US$1.000 millones por daños y perjuicios ambientales, sociales y económicos.
El caso, que podría sentar un precedente clave sobre la responsabilidad de empresas multinacionales en desastres ambientales fuera de Europa, apunta directamente a la filial neerlandesa de Repsol. SEFR argumenta que Repsol NL tenía control operativo directo sobre la refinería La Pampilla, donde se produjo el derrame durante la descarga de crudo de la nave Mare Doricum.
Según las estimaciones, entre 10.000 y 12.000 barriles de petróleo se vertieron en el océano Pacífico, contaminando 106 kilómetros de costa, afectando 21 playas y provocando la muerte de miles de aves, peces y mamíferos marinos. Las consecuencias aún persisten: comunidades pesqueras devastadas, negocios turísticos cerrados y miles de personas sin ingresos.
Durante la audiencia, los representantes legales de SEFR señalaron que, a pesar del tiempo transcurrido, muchas víctimas no han recibido una compensación justa y que los pagos efectuados por Repsol fueron limitados y, en algunos casos, bajo presión.
El CEO de Pogust Goodhead, Tom Goodhead —firma internacional que colabora con la demanda— calificó la audiencia como “un hito para las comunidades afectadas”. Además, expresó su confianza en que el tribunal neerlandés reconocerá el derecho de las víctimas peruanas a buscar justicia en Europa, dado el rol de Repsol NL.
La defensa de Repsol argumenta haber destinado US$270 millones a labores de limpieza e indemnización, y asegura que la mayoría de los afectados ya han sido compensados. No obstante, SEFR sostiene que la magnitud del desastre y el sufrimiento humano aún no han sido atendidos de manera adecuada.
Lo que viene:
El tribunal de La Haya decidirá en un plazo de seis semanas si tiene jurisdicción para juzgar el caso. En caso afirmativo, se prevé una segunda audiencia sobre la responsabilidad de Repsol a inicios de 2026, seguida de una sentencia ese mismo año. La audiencia sobre las indemnizaciones se proyecta para 2027.
De confirmarse la competencia del tribunal, este proceso podría marcar un precedente histórico: permitir que comunidades afectadas por empresas multinacionales accedan a la justicia fuera de sus países, amparándose en estándares europeos de responsabilidad corporativa.
