Elaborado por: Dayane Mayta
El 6 de octubre del año en curso, un reportaje periodístico destapó una de las más grandes alteraciones alimentarias jamás vistas en los últimos años, que involucró a funcionarios del programa Qali Warma, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, la Dirección Regional de Salud Puno y la empresa proveedora FrigoInka.
En el reportaje se revelaron chats entre una trabajadora de dicha empresa, encargada de proveer enlatados de pollo y res “Don Simón”, a los centros educativos más pobres del país, incluida la Institución Educativa Secundaria “Gamaliel Churata” del distrito de Cabana, provincia de San Román, donde el 25 de marzo de este año, 24 estudiantes por razones aparentemente extrañas fueron internados de emergencia por intoxicación.
Ante esta situación, el entonces titular del Departamento de Salud Ambiental de la Dirección Regional de Salud de Puno, Ronald Loza Machicao, declaró que el agua contaminada que tomaban los pobladores ocasionó el deterioro de salud de los estudiantes, lo que fue desmentido, cuando se demostró que el funcionario cobró más de 4 mil soles por cambiar las muestras reales antes de ser sometidas a pruebas por el laboratorio MEVALAF.
A ello se suma, lo revelado por la ahora ex trabajadora de Frio Inka, Noemi Alvarado, quien por amenazas que vendría recibiendo, tomó la decisión de evidenciar que esta empresa no solamente venia cometiendo este acto ilegal, sino que también suplantaba la carne de res por carne de caballo.
En respuesta a esta deplorable situación, el también entonces director Ejecutivo del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, Pedro Ripalda, en conferencia de prensa, eximió de responsabilidad a este programa social, sin embargo, no pudo explicar porque no se vendría fiscalizando continuamente a las empresas que proveen alimentación a las instituciones escolares del país.
Actualmente, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios de Puno, continúa investigando a Loza Machicao, quien labora en el departamento de Aseguramiento Público de la DIRESA Puno, así como el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, al que también se le aperturó recientemente una investigación por parte de la Fiscalía de la Nación, a pesar de esta situación delicada el Congreso de la República decidió no censurarlo por este tema, mientras que Giovanni Pando Mamani, encargado del programa en Puno y Pedro Ripalda titular a nivel nacional decidieron renunciar a sus cargos. Entre tanto los 24 estudiantes y los padres de familia continúan esperando justicia y una indemnización por poner en riesgo la salud de sus hijos.
