Empresaria investigada por corrupción en el caso Vivienda acusa abuso de poder y violación de sus derechos durante su detención preliminar. La acción legal pone en la mira al equipo especial de fiscales
La empresaria Sada Goray, investigada por su presunta participación en una red de corrupción en el Ministerio de Vivienda durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo, ha presentado una demanda civil contra el Ministerio Público. En su escrito judicial, exige una indemnización de un millón de dólares por daños y perjuicios, señalando directamente a la fiscal superior Marita Barreto y al fiscal Freddy Niño, miembros del equipo especial que investiga el caso.
Goray sostiene que su detención preliminar fue ejecutada sin fundamentos legales y con abuso de poder, lo que según argumenta vulneró garantías constitucionales como el derecho a la libertad personal y el debido proceso. Asimismo, denuncia que estas acciones afectaron gravemente su imagen pública, sus negocios y su vida personal, por lo que exige una compensación económica.
El proceso legal que inicia Goray será tramitado de forma independiente a la investigación penal que continúa su curso en el marco del caso Vivienda, uno de los mayores escándalos de presunta corrupción y crimen organizado durante la administración de Pedro Castillo.
Contexto del caso Vivienda
El caso Vivienda investiga un presunto esquema de corrupción en el que altos funcionarios y empresarios habrían favorecido de forma irregular contrataciones públicas en el Ministerio de Vivienda. Según la tesis del Ministerio Público, existieron coordinaciones indebidas para beneficiar a determinados grupos empresariales, entre ellos, los vinculados a Sada Goray.
La empresaria fue incluida en la investigación tras conocerse que habría participado en reuniones con autoridades clave del sector. Como parte de las diligencias, se ordenó su detención preliminar y otras medidas restrictivas. Actualmente, el caso se encuentra en etapa de investigación preparatoria.
Encuentro clandestino del abogado de Goray con el ministro de Justicia
A esta controversia se suma un hecho reciente: el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, confirmó haber tenido un encuentro informal con Francisco Álvarez, abogado defensor de Sada Goray. La reunión se dio el 4 de junio en el bar El Cordano, un lugar conocido por ser punto de encuentros extraoficiales.
El titular del ministerio afirmó que la reunión fue breve y de carácter personal, negando cualquier irregularidad. “Francisco Álvarez es mi amigo personal desde hace muchos años… solo fue para saludarme y felicitarme por el nombramiento”, señaló en una comunicación enviada a la periodista Karla Ramírez, jefa de Investigaciones de Panamericana TV.
Este episodio agrega presión al entorno político y judicial del caso, y genera dudas sobre posibles interferencias o influencias externas en un proceso que ya ha sacudido las estructuras del poder.
