Desde la clandestinidad, “Cuchillo” niega ser responsable del crimen y asegura que se entregará cuando existan garantías; su paradero actual es desconocido.
Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias «Cuchillo», principal sospechoso del asesinato de 13 trabajadores en una mina de Pataz, La Libertad, ha enviado una carta notarial a la presidenta Dina Boluarte exigiendo una rectificación por las declaraciones en las que lo vincula con la masacre. En el documento, su defensa legal argumenta que las afirmaciones de la mandataria han afectado su vida personal y profesional, al ser señalado públicamente como el principal responsable del crimen.
Desde la clandestinidad, Rodríguez Díaz ha declarado que se pondrá a disposición de la justicia peruana «en su debido momento», cuando existan las garantías necesarias, ya que considera que está siendo acusado injustamente. Su abogado, Kevin Díaz Cruz, informó que su patrocinado abandonó Colombia, país al que había huido, debido a los operativos de búsqueda en su contra, y actualmente su paradero es desconocido.
Rodríguez Díaz enfrenta investigaciones por presuntos delitos de extorsión, fabricación y suministro de explosivos. La Policía Nacional lo vincula con «La Gran Alianza», una organización criminal asociada a la minería ilegal en Pataz. La masacre de los 13 trabajadores, cuyos cuerpos fueron hallados en un socavón con signos de tortura y ejecución, ha generado una fuerte condena social y ha intensificado la presión sobre las autoridades para capturar a los responsables.
