Con 11 votos a favor, se aprobó el trámite de la denuncia por presunta desobediencia a la autoridad y vulneración constitucional, tras no acatarse la resolución que ordenaba la reposición de Patricia Benavides como fiscal suprema.
Con 11 votos a favor, 4 en contra y una abstención, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, presidida por María Acuña (APP), aprobó el informe que admite a trámite la denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y otros tres integrantes de la Junta de Fiscales Supremos. La denuncia, presentada por congresistas de Renovación Popular, sostiene que los fiscales no acataron la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que ordenaba la reposición de Patricia Benavides como fiscal suprema y titular del Ministerio Público. El informe también señala que los denunciados habrían incurrido en los presuntos delitos de desobediencia a la autoridad e infracción a los artículos 43 y 45 de la Constitución.
Durante la sesión, se declaró improcedente el cargo de usurpación de funciones por no cumplir con los requisitos legales. En declaraciones a RPP, la congresista María Acuña explicó que la denuncia se admite porque los fiscales supremos no cumplieron con la resolución de la JNJ. También aclaró que el informe será remitido a la Comisión Permanente, donde se decidirá si procede su investigación. En caso de ser aprobado, se designará a un congresista delegado para continuar con las indagaciones. Según Acuña, la decisión no representa un juicio previo, sino el cumplimiento del procedimiento reglamentario ante posibles faltas constitucionales.
El informe se basa, entre otros elementos, en la exposición de la abogada Edith Cáceres, quien sostuvo que la fiscal de la Nación no acató la disposición del 12 de junio, sino que respondió mediante declaraciones públicas. Esto, según Cáceres, vulneraría principios constitucionales como la sujeción al orden legal y el respeto al debido proceso. Afirmó que los fiscales habrían actuado fuera de sus competencias, lo cual podría constituir una transgresión al funcionamiento legal de la administración de justicia y socavar la legitimidad en la designación y remoción de altos funcionarios del Ministerio Público.
