El grupo de trabajo aprobó por mayoría el documento que recomienda una inhabilitación de 10 años y acusa a los magistrados de infracciones constitucionales y presuntos delitos funcionales.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe final de la Denuncia Constitucional 528, en el que se plantea inhabilitar por una década para el ejercicio de la función pública al exfiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena, así como a los fiscales supremos Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Delia Espinoza. La sesión, presidida por la congresista Lady Camones, concluyó con 9 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones, dando luz verde al documento elaborado por el parlamentario Jorge Montoya.
El informe sostiene que los cuatro magistrados habrían incurrido en infracciones constitucionales y en la presunta comisión de delitos como abuso de autoridad, falsedad genérica, prevaricato y usurpación de funciones. La acusación fue impulsada por los congresistas Fernando Rospigliosi, José Cueto y Alfredo Azurín, quienes sostienen que la actuación de los fiscales vulneró normas que rigen el sistema penal y el rol de las instituciones encargadas de la investigación del delito.
De acuerdo con la denuncia, la resolución emitida por los fiscales el 14 de octubre de 2024 aprobó un reglamento que habría transgredido la Ley 32130, normativa que refuerza la función de investigación de la Policía Nacional. Según el informe, esta decisión implicaría una intromisión en funciones policiales y una alteración del marco legal vigente, motivos por los cuales se recomienda proceder con la inhabilitación y las acciones penales correspondientes.
