La comuna limeña declaró como donación un lote de trenes por S/ 822 millones, pese a que la empresa Caltrain los valorizó en solo US$ 4.9 millones. Sunat exige sustento técnico y legal
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) ha solicitado formalmente a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) que sustente la valorización de S/ 822 millones (alrededor de US$ 224 millones) atribuida a un lote de trenes donado por la empresa estadounidense Caltrain, cuyo valor real fue declarado en solo US$ 4.9 millones.
La alerta se encendió luego de que un programa de un medio de comunicación nacional revelara la carta oficial de donación enviada por Caltrain, en la que se detalla que los 90 vagones entregados fueron valorizados, según estándares del sistema ferroviario de EE.UU., en US$ 4′906,355.90.
En contraste, la Municipalidad de Lima registró el lote como una donación de alto valor patrimonial, cifra que fue aprobada por el Concejo Metropolitano en abril pasado sin mayor explicación pública sobre la metodología de tasación.
En respuesta, la Sunat ha activado un proceso de revisión y ha solicitado la presentación de documentos clave, incluyendo informes de peritaje, valorizaciones técnicas, actas de sesiones del Concejo Metropolitano y resoluciones municipales asociadas al caso. El objetivo es verificar si la declaración podría tener implicancias tributarias o aduaneras.
En un comunicado titulado “Basta de poner trabas al bienestar popular”, la comuna limeña defendió la legalidad de su actuación, argumentando que la valorización responde a un criterio técnico de aseguramiento patrimonial y no al valor comercial. Según la municipalidad, el monto declarado busca garantizar una posible reposición inmediata en caso de siniestro.
No obstante, hasta el momento la MML no ha precisado qué entidad realizó el peritaje ni ha presentado documentación técnica que justifique el millonario valor asignado. La falta de transparencia mantiene abierto el proceso y no se descarta una auditoría o eventual investigación fiscal por parte de las autoridades competentes.
El caso pone nuevamente bajo la lupa las prácticas de gestión y rendición de cuentas de las autoridades municipales limeñas.
Fuente: El Comercio
