Carlos Sánchez pidió disculpas al Perú, negó vínculos políticos y respaldó la soberanía del distrito en la isla Chinería
El topógrafo colombiano Carlos Sánchez Ordegón, detenido junto a su colega John Amía López en el distrito de Santa Rosa mientras realizaban estudios territoriales, se pronunció públicamente durante una audiencia judicial. En su declaración, pidió disculpas al Perú, reafirmó su respeto por la soberanía nacional y arremetió duramente contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el precandidato Daniel Quintero, a quienes responsabilizó de generar conflictos mediante lo que calificó como «politiquería».
Sánchez Ordegón y Amía López enfrentan una investigación por el presunto delito de atentado contra la integridad nacional, luego de ser detenidos el pasado martes 12 de agosto en la isla Chinería. Según sus declaraciones, se encontraban realizando un trabajo técnico para el muelle de carga de Leticia, y no tenían conocimiento ni participación en actos políticos en la zona.
«Nos está haciendo mucho daño esa politiquería que tienen ellos allá», dijo el topógrafo, deslindando cualquier vínculo con Quintero, quien colocó una bandera en la isla días antes. Sánchez calificó de «absurda» la forma en que se está instrumentalizando el tema fronterizo con fines políticos en Colombia.
El colombiano también presentó documentación contractual que respaldaría su versión sobre la naturaleza técnica de su labor en la zona fronteriza. Reconoció, sin embargo, que no solicitó permisos específicos para operar en territorio peruano, lo que consideró un error de procedimiento, mas no un acto de provocación.
«Mi intención no fue ofender al Perú. Considero que es un país soberano», concluyó.
El Poder Judicial peruano ha ordenado ampliar por siete días la detención preliminar de ambos topógrafos mientras se profundizan las investigaciones. Las autoridades peruanas buscan determinar si hubo o no una vulneración de la soberanía nacional en medio de una creciente tensión diplomática por actividades en la zona fronteriza.
Fuente: La República