Raúl Ponce denuncia abandono gubernamental, trabas en la formalización minera y crecimiento del crimen organizado en torno a la minería ilegal en regiones como Puno.
La reciente tragedia en el sector minero de Pataz, donde 13 personas perdieron la vida, ha puesto nuevamente en evidencia la profunda crisis que atraviesa la minería informal y artesanal en la región de Puno. Según el ingeniero Raúl Ponce, miembro del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental Puno, este hecho no es aislado, sino reflejo de un problema estructural y nacional, marcado por la falta de fiscalización, informalidad crónica y abandono estatal.
Durante su participación en Radio Onda Azul, Ponce recordó casos anteriores igualmente graves, como el asesinato de cinco miembros de una familia en 2022 en una concesión minera en Perlas Asunción, que no recibieron cobertura ni acción efectiva por parte de las autoridades. “Solo cuando ocurre una tragedia como la de Pataz se movilizan fiscales, policías y el ejército. Pero en el día a día, el Estado está ausente en zonas como Rinconada, donde operan miles de mineros en proceso de formalización sin apoyo real”, señaló.
Uno de los mayores obstáculos para la formalización, según explicó, es que el 75% de las concesiones están en manos de grandes empresas que no otorgan autorización a los pequeños mineros, lo que bloquea su avance en el proceso de formalización a través del REINFO (Registro Integral de Formalización Minera). A pesar de las ampliaciones que se han otorgado a nivel nacional, los beneficios no han sido equitativos. “Cuando Puno se moviliza, envían fuerzas para contenerla; pero en Lima permiten bloqueos y luego otorgan beneficios. Hay una discriminación evidente”, criticó.
Alertó sobre el creciente involucramiento de bandas criminales en la minería ilegal, como ya ocurrió en países como Ecuador, y sobre el impacto geopolítico de esta actividad. Aseguró que parte del oro producido ilegalmente en Perú cruza la frontera hacia Bolivia, país que, según señaló, ha logrado sostener su economía en parte gracias a ese oro no registrado. Finalmente, hizo un llamado a que se establezca una política nacional clara y sostenida para enfrentar el problema, incluyendo la reorganización del Ministerio del Interior y un verdadero respaldo presupuestal a los órganos regionales. “La minería informal aporta económicamente, pero fuera del marco legal y sin control ambiental. Si no se actúa ya, se perpetuará un círculo vicioso que amenaza al país en su conjunto”, advirtió.
