Especialista ambiental destacó que el fallo detuvo intentos de permitir exploración en áreas protegidas, pero advirtió que las presiones económicas podrían reactivarse.
Tras una reciente sentencia judicial que marcó un precedente clave para la defensa del Parque Nacional Bahuaja Sonene que determinó que el Estado tiene la obligación de actuar con coherencia frente al carácter intangible del área natural protegida, el especialista ambiental y docente universitario, Gilmar Goizueta, destacó que este pronunciamiento detuvo un proceso que venía avanzando silenciosamente y que amenazaba una de las zonas de mayor biodiversidad del país.
Recordó que la iniciativa legislativa impulsada por el congresista Flores Ancachi, que abría la puerta a la exploración en áreas protegidas, fue archivada tras la decisión judicial.
Asimismo, subrayó que el interés por ingresar al Bahuaja Sonene no proviene solo de actores políticos, sino de corporaciones transnacionales que históricamente han presionado para operar en territorios amazónicos.
En esta misma línea precisó que si bien la región Puno mantiene una demanda pendiente de acceso al gas, el especialista remarcó que esta necesidad no debe justificar intervenciones en zonas intangibles, por lo que propuso, en cambio, mejorar la distribución del gas de Camisea y reubicar plantas de procesamiento más cercanas al sur del país, donde se concentra gran parte de la demanda las cuales según dijo, aún existen reservas suficientes para abastecer al mercado nacional sin afectar áreas protegidas.
“Por ahora es un triunfo, pero existen los intereses económicos que volverán a presionar por lo que hay que seguir presionando para que la Amazonía y sus parques nacionales se mantengan fuera de cualquier intento de exploración o explotación que ponga en riesgo su integridad”, finalizó.
