Entre los trasladados hay condenados a cadena perpetua y cabecillas de bandas criminales acusados de secuestro, extorsión y sicariato. El operativo incluyó francotiradores y participación de 60 agentes GOES
En una acción de emergencia y bajo estrictas medidas de seguridad, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) trasladó este lunes a 15 internos considerados de alta peligrosidad al penal de máxima seguridad de Challapalca, tras el violento motín ocurrido el pasado sábado en el penal de Huacarí, Cajamarca, donde los reclusos tomaron como rehenes a dos jefes de seguridad.
Entre los trasladados figuran delincuentes con sentencias de cadena perpetua y cabecillas de organizaciones criminales implicados en delitos como extorsión, secuestro, sicariato, feminicidio agravado y robo agravado. Algunos de ellos son Ricardo Erasmo Carrasco Sánchez, vinculado a ‘Los Gatilleros del Callao’, y Darwin Jhonatan Zapata Carrillo, de ‘Los Boca Seca de Bellavista’. También fue incluido el ciudadano venezolano Pedro Antonio Guailculba Guailculba.
El operativo fue ejecutado por 60 agentes del Grupo de Operaciones Especiales del INPE (GOES), 30 de la Oficina Regional Norte Chiclayo y 30 de Lima. Además, se realizó de forma paralela una requisa en los pabellones 1, 4, 5 y 7 del penal cajamarquino.
La Dirección de Seguridad Penitenciaria del INPE, a través de la Resolución Directoral N° 014-2025-INPE/DISEPE, justificó el traslado por representar los internos un “grave e inminente riesgo” para la seguridad del penal, del personal penitenciario y del resto de la población reclusa.
El motín, que tuvo como detonante la oposición de los internos a la revisión de sus celdas, dejó en evidencia las debilidades en los protocolos de seguridad carcelaria. Dos días antes, un interno murió en una gresca dentro del mismo penal, aumentando las críticas hacia la gestión penitenciaria.
Ante esta situación, autoridades del sector Justicia admitieron la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para los trabajadores penitenciarios y mejorar el control en los centros de reclusión.
Fuente: La República
