Tras una acción de inspección y verificación de atención a las personas víctimas de la violencia familiar, se ha identificado que actualmente afrontan una serie de dificultades para acceder a los certificados médicos y formalizar las denuncias contra sus agresores.
El jefe de la Oficina Defensorial de Puno, Jacinto Ticona Huamán, explicó que en la Dirección de Medicina Legal se viene solicitando una prueba de descarte de la COVID-19, para los análisis, antes de la emisión del certificado médico. Las víctimas han sido enviadas al metropolitano para la toma de las pruebas rápidas; sin embargo, en esta última se indica que no hay pruebas rápidas.
“Lamentablemente todas las victimas están a la deriva para acceder a un certificado médico”, indicó el defensor. Ante esta situación, dijo que convocarán a una reunión del comité multisectorial en el más breve tiempo, a fin de definir algunas acciones que ayuden a las víctimas de la violencia familiar.
