A pesar de la tercera declaratoria de estado de emergencia, el crimen organizado, incluido el sicariato y la extorsión, sigue imparable en diversas regiones del país
En las primeras horas de la entrada en vigor del estado de emergencia decretado por el gobierno de Dina Boluarte, la violencia en el país continuó imparable, con al menos 14 víctimas de homicidio en diferentes regiones, entre ellas la tragedia que envolvió al cantante principal del grupo de cumbia Armonía 10. La medida, que en principio pretendía frenar el auge del crimen organizado, no ha mostrado los resultados esperados, y cifras del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) revelan un alarmante aumento en los homicidios: en 2024, se registraron 2.057 muertes violentas, un incremento notable respecto a los años anteriores.
Expertos en seguridad, como el exministro del Interior Wilfredo Pedraza, califican el estado de emergencia como una respuesta ineficaz, advirtiendo que la extorsión y el sicariato requieren un enfoque basado en inteligencia y no en medidas de control como la presencia militar o policial en las calles. Por su parte, autoridades locales como los alcaldes de San Martín de Porres (SMP) y San Juan de Lurigancho (SJL) critican la falta de coordinación con el gobierno central y subrayan la necesidad de políticas sostenibles a largo plazo para combatir la criminalidad.
Además, el gobierno ha planteado un proyecto de ley para instaurar el servicio militar obligatorio como medida para reducir la delincuencia, aunque los expertos advierten que esta acción podría ser vista como un intento desesperado por abordar una crisis creciente. La comunidad sigue demandando respuestas más efectivas ante la creciente ola de violencia que afecta a diversas regiones del país.
Fuente: La República
