Más de 3 mil casos fueron atendidos solo en los primeros tres meses de 2025, la mayoría contra niñas y adolescentes. El acceso a justicia y protección sigue siendo limitado
La violencia sexual en Perú continúa golpeando con fuerza alarmante. Según el reciente informe del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), solo entre enero y marzo de 2025, se atendieron 3,262 casos de violación sexual en los Centros de Emergencia Mujer (CEM) del país. Esto equivale a una víctima cada 40 minutos.
El informe revela que el 94% de las víctimas fueron mujeres, y casi el 60% eran menores de edad. La mayoría de los agresores pertenecen al entorno más cercano: familiares, vecinos, conocidos. En más de 600 casos, ni siquiera se logró identificar al atacante, lo que pone en evidencia un sistema de protección aún débil y una justicia que no llega a tiempo.
Niñez en peligro y barreras invisibles
De los casos registrados, el 6% de las víctimas fueron hombres, en su mayoría también menores de edad. El fenómeno no distingue género, pero sí ataca con mayor fuerza a los más vulnerables: niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, población LGBTI y extranjeras.
Un dato especialmente preocupante: 103 agresores ya habían sido denunciados previamente. Además, en 738 casos, el ataque estuvo relacionado con el consumo de alcohol o drogas. La falta de intervención efectiva en estos casos permite que los agresores reincidan sin consecuencias inmediatas.
Lima concentra los casos, pero el riesgo es nacional
Lima Metropolitana encabeza la lista con 802 casos registrados en tres meses. Le siguen Arequipa (256), Cusco (235) y La Libertad (175). Sin embargo, en regiones con cifras más bajas como Moquegua o Madre de Dios, se teme un fuerte subregistro, asociado a barreras para denunciar o a la falta de acceso a servicios especializados.
Un sistema que aún no responde del todo
A pesar del número elevado de víctimas, solo el 13% de los casos fueron canalizados directamente a denuncia formal por los CEM. Aunque el 96% de las víctimas figura como parte de procesos judiciales activos, muchos lo hacen por iniciativa propia o a través de otras vías. Esto evidencia que los mecanismos institucionales aún no son suficientes ni efectivos para garantizar protección inmediata.
En más de la mitad de los casos, los CEM coordinaron con centros de salud para activar el «kit de emergencia», que incluye atención médica, psicológica y medidas de prevención para enfermedades de transmisión sexual. En el 48% se solicitaron medidas de protección para salvaguardar la integridad de las personas afectadas.
Una violencia que no da tregua
Entre 2020 y 2024, el MIMP ha registrado más de 53 mil casos de violación sexual. Solo en 2024, se superaron los 12 mil informes, siendo la cifra más alta del último quinquenio. Las estadísticas del primer trimestre de 2025 confirman que la situación no mejora. Al contrario: la violencia sexual sigue extendiéndose y profundizándose, mientras miles de víctimas enfrentan esta realidad en silencio o sin acceso real a justicia.
