Pavel Martiarena cuestionó la falta de medidas efectivas para proteger a defensores ambientales frente al avance de actividades ilegales
Alrededor de 35 defensores indígenas y ambientales han sido asesinados desde el 2020, mientras que el mecanismo intersectorial creado por el Estado para proteger a las personas defensoras de derechos humanos, vigente desde 2021, aún es cuestionado por no traducirse en medidas efectivas de seguridad en los territorios. Así lo advirtió el comunicador y fotógrafo de Madre de Dios, Pavel Martiarena, tras la sentencia de cadena perpetua contra cuatro implicados en el asesinato del defensor ambiental Roberto Carlos Pacheco.
Martiarena sostuvo que el caso de Pacheco, asesinado en septiembre de 2020, demuestra que las medidas de protección no necesariamente garantizan la integridad de quienes enfrentan amenazas. Antes de su muerte, Pacheco y su padre habían solicitado garantías personales ante la Prefectura y acudido a instituciones como la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía. Sin embargo, estas acciones no evitaron el crimen. “Por muchos papeles que tengas, eso no te garantiza seguridad”, cuestionó.
El comunicador señaló que, tras estos hechos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos implementó medidas específicas para la protección de defensores ambientales; sin embargo, consideró que estas disposiciones terminan siendo “letra muerta” cuando no existe presencia efectiva del Estado en las zonas donde se producen las amenazas. Advirtió que las cifras evidencian que el problema persiste: además de los aproximadamente 35 defensores asesinados, el Ministerio de Justicia reporta 590 situaciones de riesgo para estos líderes desde la pandemia.
Martiarena atribuyó esta situación a la débil presencia estatal en zonas rurales y comunidades nativas, así como al avance de actividades ilegales vinculadas principalmente a la minería y tala. Advirtió que las amenazas se desplazan hacia nuevos territorios pese a los operativos de interdicción, mientras las instituciones encargadas de combatir estos delitos se encuentran sobrepasadas. En ese contexto, cuestionó que después de seis años del asesinato de Pacheco recién se haya emitido una sentencia en primera instancia, lo que, a su juicio, evidencia la brecha entre las normas de protección y su aplicación efectiva.
