Informe de la Comisión de Fiscalización detecta un “festín” de nombramientos y permisos irregulares con posible connotación sexista; solicita que Fiscalía investigue posible proxenetismo
El informe final de la Comisión de Fiscalización del Congreso concluyó que no existe evidencia de una red de prostitución dentro del Parlamento, sin embargo, alertó sobre un “festín” de contrataciones irregulares, especialmente en relación con personal femenino, lo cual podría configurar delitos como el nombramiento ilegal y aprovechamiento de la función pública con connotaciones sexistas.
La investigación parlamentaria se activó tras el asesinato de Andrea Vidal Gómez, cuya presunta cercanía con el exjefe de la Oficina Legal y Constitucional, Jorge Torres Saravia, levantó sospechas sobre una posible red de trata. Aunque dicha hipótesis no se confirmó, la comisión no descartó actos de proxenetismo o favorecimiento a la prostitución, por lo que pidió a la Fiscalía que investigue los hechos con todas sus facultades, incluyendo el levantamiento del secreto bancario y telefónico de los implicados.
“No se ha evidenciado una red de prostitución en el Congreso, pero sí un patrón de contrataciones irregulares, en especial de mujeres jóvenes, dentro de un contexto que podría ser sensual o sexista”, señala el informe.
La comisión identificó múltiples designaciones sin requisitos legales, destacando los casos de Andrea Vidal Gómez, Alexandra Gil Ramírez e Isabel Cajo Salvador, vinculados al exfuncionario Torres Saravia, quien habría intervenido directamente para contratar a mujeres con las que mantenía vínculos personales.
Además, el documento denuncia una “captura política” de la administración parlamentaria por parte del partido Alianza para el Progreso, señalando designaciones cuestionadas durante las gestiones de Alejandro Soto y Eduardo Salhuana, incluyendo el caso de la “hija política” de César Acuña, cuya contratación aún está bajo proceso administrativo.
El informe solicita a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público que investiguen los hechos y determinen responsabilidades administrativas y penales. También se propone investigar una posible estructura informal de poder que habría direccionado plazas dentro del Congreso.
Este caso pone nuevamente bajo la lupa la transparencia y meritocracia en las contrataciones del Parlamento, dejando abiertas varias líneas de investigación que ahora están en manos de las autoridades judiciales.
Fuente: La República
