JNJ insiste en concurso para fiscal supremo pese a que no hay vacantes reales


Junta Nacional de Justicia

La convocatoria para reemplazar a Patricia Benavides sigue adelante, a pesar de que su destitución fue anulada y otros fiscales podrían ser restituidos, dejando sin efecto cualquier vacante disponible

La Junta Nacional de Justicia (JNJ), presidida por Gino Ríos Patio, continúa adelante con el concurso público N.° 001-2025-SN/JNJ para la selección de un fiscal supremo titular, a pesar de que, en la práctica, no existe una plaza vacante. El proceso fue convocado el 16 de abril para cubrir el puesto dejado por la destituida Patricia Benavides. Sin embargo, al haberse anulado su destitución, el concurso debió suspenderse, lo cual no ha ocurrido.

Esta situación ha generado inquietud en los sectores judiciales, no solo por la continuidad del concurso, sino también por las decisiones tomadas por la mayoría de miembros de la JNJ sin el debido debate ni actas que respalden sus resoluciones. Además, la JNJ ha asumido funciones que no le corresponden, como intervenir en procesos aún pendientes ante el Poder Judicial y pretender la restitución de Benavides como fiscal de la Nación.

A ello se suma la reposición, por orden del Tribunal Constitucional, del abogado Tomás Gálvez Villegas, y la posible reincorporación del fiscal supremo Luis Arce Córdova. Con estas restituciones, más el regreso de Benavides, el Ministerio Público no tendría plazas vacantes, lo que haría inviable la continuidad del concurso.

Actualmente, de los 19 postulantes iniciales, 13 siguen en carrera tras las primeras dos evaluaciones. Aunque el proceso continúa, las etapas restantes, estudio de caso y entrevista personal, son altamente subjetivas, lo que podría afectar la transparencia del cuadro de méritos.

En paralelo, la JNJ también lleva a cabo concursos para cubrir 22 plazas en la Corte Penal Nacional y 74 en la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, órganos clave en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. La continuidad de estos procesos sin garantías claras de imparcialidad ha generado sospechas de un intento de control político sobre el sistema judicial.

Expertos y observadores advierten que la urgencia por designar nuevos magistrados, en ausencia de vacantes reales y en medio de procesos judiciales abiertos, podría responder a intereses políticos vinculados a sectores que dominan actualmente el Congreso y el Ejecutivo.

Fuente: Rpp