Investigador advierte que la región es uno de los epicentros de la minería ilegal en el país, con consecuencias graves para el medioambiente y la economía local
El investigador de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), Patricio Lewis, analizó la solicitud del Ejecutivo de facultades legislativas para enfrentar tres temas prioritarios: la lucha contra el crimen organizado, la reactivación económica y la reducción de barreras burocráticas. Explicó que este pedido busca acelerar decisiones frente a problemas estructurales del país, aunque advirtió que su aplicación debe hacerse con responsabilidad. “No se trata solo de pedir poderes por pedir, sino de usarlos para resolver los temas que más afectan a los peruanos”, señaló.
Uno de los aspectos más preocupantes, dijo, es el avance de la minería ilegal, que se ha multiplicado por siete en los últimos diez años. “El Perú es responsable del 44% del oro ilegal que se exporta desde Sudamérica, superando a Colombia y Bolivia. En 2024 exportamos más de 90 toneladas de oro ilegal, equivalentes a más de 7,400 millones de dólares”, precisó.
El impacto de esta actividad se siente con mayor intensidad en regiones como Puno, donde la minería ilegal en zonas como La Rinconada y Ananea ha generado graves consecuencias ambientales, sociales y económicas. “Puno es uno de los epicentros de la minería ilegal. La contaminación del agua, el deterioro del suelo y la presencia de economías ilícitas están afectando directamente la calidad de vida de sus habitantes”, indicó.
También advirtió sobre el avance del crimen organizado: “En los últimos cinco años, los homicidios casi se han duplicado y las extorsiones se han multiplicado por seis. Solo hasta septiembre de este año ya se registraron más de 20 mil denuncias de extorsión y cerca de 1,700 homicidios”, alertó.
