La Procuraduría anticorrupción, lleva un registro detallado de los delitos de corrupción de funcionarios en todo el país, los casos que implican a gobernadores regionales se han duplicado en el contexto de la pandemia de la COVID-19, la mayor parte debido a contrataciones y adquisiciones.
Mediante los datos de la entidad, en el 2019 se contabilizan 37 carpetas fiscales por casos de corrupción que vinculan a gobernadores regionales. En el 2020, la cifra se elevó a 57 carpetas, y en lo que va del 2021, subió a 58 carpetas fiscales, y eso que no se cuenta el reciente proceso contra el gobernador ucayalino Francisco Pezo. En total existen en giro 115 carpetas fiscales… Y todavía les queda a los gobernadores un año de gestión más. Existe la posibilidad de que el número de casos de corrupción se incremente terminado el año 2021.
Los delitos que más resaltan y se atribuye a los gobernadores involucrados son colusión, peculado, negociación incompatible, malversación y cohecho. Esto es, robo de fondos públicos.
Desde que en la quincena de marzo del 2020 el Ejecutivo emitió disposiciones legales para que las entidades públicas agilizaran las contrataciones y compras de todo lo que fuera necesario para afrontar el devastador avance de la enfermedad, los actos de corrupción de funcionarios se han incrementado terriblemente.
En lo que va de la emergencia sanitaria ante la COVID-19, también ha crecido el número de casos vinculados con obras públicas de envergadura, no relacionados con las transferencias para afrontar el nuevo coronavirus.
Expertos en corrupción de funcionarios públicos mencionaron a La República que el relajamiento de las normas de fiscalización y control durante la pandemia de la COVID-19 ha sido aprovechado por algunas autoridades para perpetrar actos ilícitos.
Fuente: LaRepublica
