Juzgado Constitucional de Huancayo concedió medida cautelar al advertir riesgos para la autonomía administrativa y financiera de las cajas de ahorro y crédito municipales
El Poder Judicial ordenó la suspensión provisional de la norma que modificaba el manejo de las cajas municipales de ahorro y crédito, ley impulsada y firmada por el presidente José Jerí, al considerar que su aplicación podría afectar gravemente la autonomía de estas entidades financieras. La medida fue dispuesta por el Juzgado Constitucional Permanente de Huancayo, tras admitir una demanda presentada por la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo contra el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo.
La disposición cuestionada fue incorporada en la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2026 (Ley N.º 32515), pese a que inicialmente no había logrado una segunda votación en el Parlamento. De acuerdo con un informe periodístico difundido por el programa Panorama, el contenido de la norma fue incluido posteriormente en una ley que no guardaba relación directa con el funcionamiento ni la naturaleza de las cajas municipales, lo que generó serias observaciones legales.
El reportaje también reveló que el presidente Jerí había firmado anteriormente una ley que otorgaba representación en los directorios de todas las cajas municipales del país a la Confederación Nacional de Comerciantes (Conaco), organización para la cual trabajó como abogado años atrás. Esta situación despertó cuestionamientos por un presunto conflicto de intereses y motivó una fuerte reacción desde distintos sectores.
Al no prosperar dicha iniciativa, el control de los directorios habría sido replanteado a través del Viceministerio de la Producción, bajo el ámbito del Ejecutivo. Según la investigación periodística, este cambio mantenía la posibilidad de injerencia política en instituciones que administran cuantiosos recursos económicos, lo que incrementó la preocupación sobre un eventual manejo centralizado de los fondos municipales.
En su resolución, el Poder Judicial sostuvo que la medida cautelar resulta necesaria para evitar un daño irreversible, señalando que, de continuar la aplicación de la norma y declararse posteriormente su inconstitucionalidad, no sería posible revertir plenamente los efectos sobre la autonomía de las cajas municipales. Con esta decisión, se suspenden los efectos jurídicos de la disposición impugnada y se garantiza, de manera provisional, la autonomía administrativa, económica e institucional de la Caja Municipal de Huancayo, mientras se resuelve el fondo del proceso judicial.
Este caso reabre el debate nacional sobre los límites del poder político en la gestión de entidades financieras municipales y el impacto de decisiones legislativas promovidas desde el Ejecutivo que ahora se encuentran bajo control del sistema judicial.
Fuente: La República
