El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley declaró infundada la solicitud del diputado de Juntos por el Perú, quien alegaba que el documento constituía una prueba ilícita por presuntas irregularidades en su elaboración
El Poder Judicial rechazó el pedido del diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez, para excluir como prueba el certificado médico legal practicado a su expareja, quien lo denunció por presunta agresión. La decisión fue adoptada por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien declaró infundada la solicitud de tutela de derechos presentada por la defensa del legislador.
El pedido, presentado el pasado 17 de agosto, buscaba que el Ministerio Público retirara el documento de la investigación, bajo el argumento de que habría sido elaborado sin cumplir los parámetros establecidos en la Guía Médico Legal de valoración integral de lesiones corporales. Según la defensa, estas presuntas irregularidades vulnerarían los derechos y las garantías procesales del diputado, en su condición de investigado.
Sin embargo, mediante una resolución emitida el 19 de octubre, el magistrado concluyó que el certificado fue elaborado por un profesional del Instituto de Medicina Legal, perteneciente a la Unidad Clínico Forense del Ministerio Público, en el marco de una investigación por el presunto delito de agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar.
Asimismo, la resolución señala que el documento registra signos de violencia, entre ellos equimosis, hematomas o moretones, en el brazo y la pierna de la denunciante. El juez precisó que el certificado fue obtenido mediante un procedimiento regular y que acredita los hallazgos observados por el médico legista durante el examen inicial realizado después de los hechos denunciados.
En ese sentido, Checkley determinó que el documento no constituye una prueba ilícita ni irregular, por lo que no corresponde excluirlo de la investigación fiscal.
Julián Pérez afronta actualmente una investigación preliminar en la Fiscalía Suprema de Familia por el presunto delito de agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar. El rechazo de su solicitud implica que el certificado médico legal no será excluido por los argumentos planteados por su defensa, pero no determina por sí mismo su responsabilidad penal.
Fuente: Rpp
