Frente al repunte de la criminalidad, el Ejecutivo de José María Balcázar oficializa medidas excepcionales que incluyen control policial con apoyo militar y limitaciones temporales de derechos básicos
El Gobierno del presidente José María Balcázar ha declarado el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por un periodo de 30 días calendario, con el objetivo de enfrentar el incremento de la criminalidad y otras situaciones de violencia que afectan estas jurisdicciones urbanas.
La medida fue oficializada este 28 de febrero de 2026 mediante el Decreto Supremo Nº 027-2026-PCM, publicado en edición extraordinaria de las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
Durante este periodo excepcional, la Policía Nacional del Perú (PNP) asumirá el control del orden interno, con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Asimismo, se permitirá la restricción o suspensión temporal de ciertos derechos constitucionales, tales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales.
De acuerdo con la normativa, las autoridades determinarán las zonas de intervención en base a inteligencia policial, indicadores delictivos y mapas del delito, con la finalidad de focalizar esfuerzos en las áreas de mayor riesgo.
Además, durante el estado de emergencia, quienes deseen realizar actividades públicas masivas religiosas, culturales o deportivas deberán solicitar permiso previo a las autoridades competentes para evaluación y aprobación.
La declaratoria también ha dispuesto la sesión permanente de varios comités de seguridad ciudadana a nivel nacional, regional y local, reforzando la coordinación institucional para afrontar la situación.
El Ejecutivo ha argumentado que esta medida extraordinaria es necesaria para “restablecer el orden interno” y enfrentar de manera más eficaz el aumento de hechos delictivos que han afectado la tranquilidad de la población, especialmente en las zonas urbanas de la capital y el principal puerto del país.
