La bancada sostiene que la propuesta inicial favorecía a grupos de interés y advierte que el Senado no debería restituir las materias excluidas por la Comisión de Constitución.
La bancada de Juntos por el Perú (JP) en la Cámara de Diputados rechazó el pedido de delegación de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo y exigió que sea archivado. El grupo parlamentario calificó la propuesta inicial como un “caballo de Troya” y cuestionó que incluya medidas que, según su posición, beneficiarían a grupos de interés y sectores privados.
A través de un pronunciamiento, JP señaló que existe disposición para dialogar sobre medidas relacionadas con la seguridad ciudadana y la prevención del Fenómeno El Niño. Sin embargo, cuestionó que el Ejecutivo haya presentado inicialmente un paquete de propuestas que incluía temas económicos, laborales y de reorganización del Estado.
Entre los puntos observados por la bancada se encuentran los cambios relacionados con los topes a las tasas de interés bancarias, el régimen laboral privado, la creación o fusión de ministerios y la reducción de feriados. JP sostuvo que estas materias deberían ser debatidas mediante el procedimiento legislativo ordinario.
Comisión de Constitución redujo el pedido
La Comisión de Constitución aprobó un texto sustitutorio que limita la delegación de facultades a medidas vinculadas con la lucha contra la inseguridad ciudadana y la prevención del Fenómeno El Niño.
El dictamen fue aprobado con 13 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, y deberá ser debatido por el Pleno de la Cámara de Diputados. Juntos por el Perú votó en contra del texto. La bancada también expresó su preocupación ante la posibilidad de que el Senado modifique lo aprobado por Diputados y reincorpore algunas de las materias contempladas en la propuesta original.
El vocero de JP, Ernesto Zunini, señaló que su bancada espera que el Senado respete el texto aprobado por la Cámara de Diputados. Además, indicó que se solicitó una aclaración sobre los límites que tendría la Cámara Alta para modificar el contenido del proyecto. La controversia se produce mientras el Congreso evalúa las facultades solicitadas por el Ejecutivo para implementar medidas frente a la inseguridad ciudadana y otros problemas de alcance nacional.
