Especialista señala que operación compromete recursos públicos a largo plazo
La adquisición de aviones F-16 por parte del Estado peruano, valorizada en más de 3.500 millones de dólares, ha reavivado el debate sobre las prioridades del gasto público en un contexto de incertidumbre electoral y necesidades sociales urgentes.
El docente universitario y analista económico Alfredo Pelayo advirtió que, si bien la inversión en defensa nacional es importante, su impacto económico debe evaluarse en función de las prioridades actuales del país. En ese sentido, consideró que la compra compromete recursos públicos a largo plazo, ya que se financiaría mediante endeudamiento, lo que implica obligaciones futuras para el Estado.
Pelayo explicó que este tipo de gasto no genera un impacto social directo inmediato, a diferencia de inversiones en sectores como salud, educación o infraestructura básica, que contribuyen al cierre de brechas y al bienestar de la población. Por ello, cuestionó la urgencia de concretar la operación en medio de un gobierno de transición.
Asimismo, señaló que una eventual postergación o cancelación de la compra podría implicar pérdidas económicas por los adelantos ya realizados e incluso derivar en procesos de arbitraje internacional. Sin embargo, descartó que esta decisión tenga un efecto significativo en el comercio exterior del país, aunque no se descartan presiones diplomáticas.
El analista también enfatizó que el Perú no enfrenta actualmente una amenaza externa que justifique la urgencia de esta inversión, mientras que problemas como la inseguridad ciudadana requieren mayor atención presupuestal.
En ese marco, Pelayo instó a que la decisión final sea evaluada por el próximo gobierno, considerando no solo el aspecto estratégico, sino también el impacto económico y social de comprometer miles de millones de dólares en un contexto de múltiples demandas internas.
