Analista señala que intereses políticos internos debilitan fiscalización en el concejo municipal
En medio de la crisis que atraviesa la Municipalidad Provincial de Puno por la investigación fiscal que involucra a varias autoridades, entre ellas el alcalde, surge un fuerte cuestionamiento al rol de los regidores y su capacidad de fiscalización, función que, según especialistas, no se habría ejercido de manera efectiva.
El abogado y analista político Tirso Vargas señaló que la labor fiscalizadora es inherente al cargo de regidor, tal como lo establece la ley orgánica de municipalidades, sin embargo, advirtió que en la práctica esta función se ve limitada por factores políticos internos, como la conformación de mayorías dentro del concejo municipal.
“Muchos regidores se identifican como oficialistas, lo que implica respaldar la gestión del alcalde incluso en situaciones cuestionables. Esto termina debilitando la fiscalización, que debería ser una función autónoma e independiente”, explicó.
En ese sentido, Vargas sostuvo que, aunque algunos regidores hayan intentado advertir irregularidades en áreas sensibles como transportes, estas acciones no prosperaron debido a la falta de respaldo del pleno del concejo. Esta situación habría impedido que las observaciones pasen de ser advertencias a acciones concretas de control.
Asimismo, remarcó que el rol del regidor no es ejecutar obras ni gestionar directamente, sino legislar y supervisar la gestión municipal. No obstante, indicó que persiste una confusión sobre estas funciones, lo que contribuye a desviar la atención de su verdadero papel.
En el contexto actual, el especialista precisó que los regidores tienen limitadas capacidades de acción frente a un proceso en curso liderado por el Ministerio Público y el Poder Judicial, “no pueden intervenir directamente ni establecer responsabilidades mientras la investigación esté en marcha. Su rol ahora es respetar el proceso y hacer seguimiento político”, indicó.
Añadió que las únicas medidas posibles dentro del marco legal serían la suspensión del alcalde, en caso se dicte prisión preventiva, o la vacancia, que solo procede con una sentencia firme, lo cual podría tomar varios años.
Finalmente, Vargas enfatizó que la crisis actual pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno y la voluntad política para prevenir actos de corrupción.
