Docente universitario cuestionó la modificación legal al considerar que podría debilitar el control de la justicia ordinaria y afectar la investigación de presuntos delitos cometidos por efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
El analista político y docente universitario Moisés Mariscal cuestionó la reciente modificación legal que amplía las competencias del fuero militar policial para investigar y juzgar a miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. A su juicio, la norma vulneraría principios constitucionales y podría generar escenarios de impunidad.
Durante una entrevista en Radio Onda Azul, Mariscal señaló que la ley modifica el sistema de investigación y sanción para efectivos que cometan presuntos delitos durante el ejercicio de sus funciones, debido a que estos serían investigados por fiscales y jueces pertenecientes al mismo fuero militar policial. En ese sentido, consideró que esta situación reduciría el control que ejerce la justicia ordinaria sobre este tipo de casos.
Asimismo, explicó que, según la Constitución Política del Perú, las Fuerzas Armadas tienen como función principal la defensa del territorio nacional, mientras que la Policía Nacional está encargada de garantizar el orden interno. Sin embargo, cuestionó que la nueva norma pueda extenderse a situaciones relacionadas con un presunto uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del Estado.
Mariscal manifestó que la denominada ley del fuero militar policial podría tener implicancias en investigaciones vinculadas a los hechos ocurridos durante las protestas sociales de diciembre de 2022 en Juliaca, donde fallecieron 19 personas. Según afirmó, existiría el riesgo de que estos procesos sean trasladados fuera de la jurisdicción ordinaria.
Asimismo, indicó que existen mecanismos constitucionales para cuestionar la norma, entre ellos la presentación de una acción de inconstitucionalidad por parte del presidente de la República, el fiscal de la Nación, un grupo de congresistas, colegios profesionales o mediante la recolección de firmas ciudadanas. En ese sentido, exhortó a los colegios de abogados del país, incluido el de Puno, a evaluar la interposición de este recurso ante el Tribunal Constitucional.
Finalmente, el analista cuestionó el rol de las instituciones del Estado y sostuvo que el Tribunal Constitucional debe actuar como garante de la Constitución. Además, advirtió que otorgar mayores atribuciones a las fuerzas del orden sin adecuados mecanismos de control podría afectar los derechos ciudadanos y debilitar el Estado de derecho.
