Gerber Huanca cuestionó la reprogramación de la audiencia y sostuvo que la Fiscalía debe solicitar mayor celeridad para evitar que el proceso continúe dilatándose
El último 20 de julio, la jueza María Candelaria Morales Segura, por cuarta vez, reprogramó la audiencia de prisión preventiva contra el alcalde de Puno, Javier Ponce Roque, y otros investigados por el caso denominado “Los Mandachitos de la Corrupción”, para el que el fiscal provincial Arturo Saúl Zirena Asencio solicita 36 meses de prisión preventiva para los investigados.
Al respecto, el abogado y analista en asuntos políticos Gerber Huanca expresó su preocupación al indicar que el Juzgado de Investigación Preparatoria debe tener carga procesal, casos con detención que ameritan una atención urgente; sin embargo, la dilatación del caso “Mandachitos” genera desconfianza en la población, con argumentos que tal vez se podrían cometer arreglos conjuntos.
Para acortar tiempos, según indicó, debe proceder con mayor actividad la Fiscalía. El fiscal puede solicitar que estas audiencias tengan más celeridad. Debe haber razones que justifiquen, como la carga procesal, pero eso no significa que se siga suspendiendo para próximos meses. “En acto de audiencia, la Fiscalía puede solicitar la reprogramación de audiencias sucesivas y se puede emitir pronunciamiento sobre el requerimiento”, aseguró.
El abogado hizo referencia al artículo 271 del Código Procesal Penal peruano, que regula todo lo referente a la audiencia y resolución de prisión preventiva, y, en una interpretación, indicó que este tipo de requerimiento de prisión preventiva se debe tratar con suma urgencia, porque procesalmente tiene la finalidad, por ejemplo, de evitar eventualmente la sustracción de la acción de la justicia o evitar la obstaculización, o desaparecer los elementos de convicción que se pueden recabar. Tiene fines estrictamente de orden procesal; por eso, el Código señala que debe hacerse con la celeridad que corresponde, puntualizó.
