Abogado sostiene que el Parlamento debe evaluar con rigurosidad el alcance de las materias incluidas en la solicitud del Gobierno
El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera Paz, consideró que el pedido de delegación de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo debe ser evaluado con rigurosidad por el Congreso, debido a que plantea materias demasiado amplias y generales que podrían dar lugar a interpretaciones excesivas. Señaló que, si bien la Constitución faculta al Ejecutivo a solicitar estas atribuciones, ello no significa que el Parlamento deba otorgarlas sin un análisis detallado.
Durante una entrevista con Radio Onda Azul, Rivera sostuvo que la solicitud comprende al menos siete materias, entre ellas seguridad ciudadana, lucha contra el crimen organizado y atención del fenómeno El Niño. Sin embargo, advirtió que no se precisan con claridad los aspectos específicos sobre los cuales el Ejecutivo pretende legislar. En ese sentido, respaldó la postura de algunos congresistas que han señalado que el Legislativo no puede convertirse en una “mesa de partes” del Gobierno.
El especialista remarcó que la delegación de facultades debe circunscribirse a temas concretos y claramente definidos, pues el Congreso tiene la responsabilidad constitucional de ejercer control político sobre el Ejecutivo. Asimismo, expresó preocupación por propuestas que incluirían reformas al Código Penal, el Código Procesal Penal y la participación de las Fuerzas Armadas en la administración de establecimientos penitenciarios, medidas que, desde su perspectiva, podrían generar cuestionamientos de constitucionalidad.
Finalmente, explicó que el proyecto contempla un plazo de 120 días para que el Ejecutivo emita decretos legislativos, aunque señaló que el principal debate en el Parlamento no girará en torno al tiempo de vigencia de las facultades, sino al alcance y la amplitud de las materias incluidas en la solicitud. Añadió que, si el Gobierno no precisa adecuadamente los temas que busca legislar, existe el riesgo de que el Congreso rechace el pedido y se genere un primer escenario de confrontación política entre ambos poderes del Estado.
