César Quispe señaló que los casos de Juliaca, Macusani, Ilave y Juli continúan en el fuero civil y avanzan hacia la etapa de acusación fiscal
El abogado de las víctimas de las protestas del 9 de enero, César Quispe, expresó su preocupación ante las leyes aprobadas por el anterior Congreso que permitirían trasladar determinadas investigaciones del fuero civil al fuero policial-militar. Señaló que, hasta el momento, no tienen conocimiento de que las investigaciones correspondientes a Juliaca, Macusani, Ilave y Juli hayan sido trasladadas.
Quispe informó que, pese a los cambios constantes de fiscales, las investigaciones por las protestas sociales registradas en distintas fechas de diciembre de 2022 y enero y marzo de 2023 se encontrarían avanzando hacia la etapa de acusación fiscal en el Ministerio Público, específicamente en la Fiscalía de Derechos Humanos de Lima.
En el caso de Juliaca, precisó que las acusaciones comprenderían a 19 efectivos, entre ellos 16 policías y 3 militares, incluyendo, según indicó, a integrantes de la cadena de mando. Mientras que en Macusani serían aproximadamente 24 efectivos policiales investigados.
El abogado también señaló que, en la región Puno, llevan alrededor de 80 casos de personas heridas, mientras que, específicamente por los hechos del 9 de enero en Juliaca, mencionó 107 heridos y 18 personas fallecidas.
Respecto a las investigaciones contra altos funcionarios, entre ellos la entonces presidenta Dina Boluarte y miembros de su gabinete, Quispe indicó que corresponden a la Fiscalía de la Nación y que algunas denuncias constitucionales fueron archivadas por el anterior Congreso, mientras otra permanece pendiente.
Finalmente, manifestó su expectativa de que el nuevo Congreso evalúe nuevamente las denuncias constitucionales y advirtió que cualquier modificación que implique trasladar estos procesos al fuero policial-militar podría generar nuevos obstáculos para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades.
