El procurador público del Gobierno Regional de Puno, Santiago Molina Lazo, sostuvo que hasta el día sábado, en el cual se detuvo a Agustín Luque y su asesor jurídico, desconocía sobre la celebración del acta de conciliación entre el ente regional y el Consorcio encargado de la ejecución del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón, en el cual libran al mencionado consorcio de pagar una penalidad de S/ 504 mil 727 por incumplimiento de contrato.
“Recién tome conocimiento cuando se me informó que personal de la Fiscalía se encontraba en la sede del Gobierno Regional”, dijo el funcionario, mencionando a su vez que brindó las facilidades para que ingresen a la oficina que dirige y puedan revisar la documentación necesaria.
De la misma manera, explicó que también existe responsabilidad del centro de Conciliación, ya que es de su total conocimiento que quien representa a las instituciones del estado, en ese tipo de acciones, es el procurador público, “debieron notificarnos”, precisó.
En cuanto a la vulneración de sus funciones durante esta acción, señaló que recibió la notificación acerca del pedido de conciliación y siguió con el procedimiento, solicitando el informe técnico de asesoría jurídica del Gobierno Regional de Puno, para emitir una opinión, sin embargo, dicho informe nunca se le fue presentado.
Posterior a ello, se emitió la Resolución ejecutiva Regional N°097, en el que se autoriza al jefe de asesoría jurídica, Jonh Wilfredo Martínez Molina, a hacerse cargo de la conciliación, “al tomar conocimiento, solicitamos que esta resolución sea dejada sin efecto, ya que contraviene a nuestras funciones y atribuciones”, dijo.
