Para los abogados que defienden a los deudos y heridos de Juliaca, la responsabilidad de las muertes recae en tres jefes policiales como el jefe de la región Policial de Puno, jefe de la División Policial de Juliaca y el jefe de la División Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes).
Luego de los hechos ocurridos el pasado 9 de enero en la ciudad de Juliaca, donde fallecieron más de 18 personas y decenas de heridos, el Ministerio Público inició investigación contra los que resulten responsables. De acuerdo a la carpeta fiscal N°023-2023, los cargos que se imputan son por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves contra los que resulten responsables.
Responsables de lo ocurrido el 09 de enero pasado
Para los abogados que defienden a los deudos y heridos de Juliaca, la responsabilidad de las muertes recae en tres jefes policiales como son el coronel Julio Santos Mauricio Contreras, en ese entonces jefe de la región Policial de Puno; el coronel Alberto Miguel Rojas Méndez, jefe de la División Policial de Juliaca y sindican al jefe de la División Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), coronel Juan Manuel Herrera Ruiz.
Fiscalía aún no señala nombres de responsables
En tanto, la Fiscalía aún no señala nombres, solo indica para quienes resulten responsables. Por lo que, los familiares de las personas fallecidas vienen exigiendo es la individualización de malos efectivos que dispararon contra los pobladores. Al igual, esperan juicio contra la presidente Dina Boluarte y ministros, como Alberto Otárola.
Respecto a la responsabilidad del Ministerio Público en las investigaciones, la mañana del 3 de marzo, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, llegó a la ciudad de Juliaca para la instalación de la Fiscalía de Derechos Humanos, para investigar los casos de personas fallecidas y heridas en las protestas sociales en esta ciudad.
Sin embargo, en el mes de abril. En conferencia de prensa. familiares de las víctimas y defensores de derechos humanos rechazaban la creación de un equipo especial de fiscales, cuya sede se aperturó en Lima. Por ende, manifestaron que, estarán al pendiente de que las investigaciones se realicen desde la región de Puno y no permitirán que sea trasladada a Lima.
Abogado de las familias afectadas
Por su parte el abogado de las familias afectadas, Cesar Quispe, dijo que, entre enero y febrero, no tuvieron acceso a las investigaciones, en las cuales había bastante incertidumbre. Luego de que, en febrero, se conformó la asociación de víctimas, lograron que se instale el 3 de marzo la Fiscalía en Derechos Humanos, que hasta ahora viene trabajando pertinentemente.
“El 8 de marzo recién empieza el trabajo de la Fiscalía, en Juliaca. Habiendo pasado 4 meses, recién hace 2 meses está haciendo su trabajo”, dijo.
En tanto alertó que, hay órdenes de la Fiscalía de la Nación para que todas las Fiscalías de Derechos Humanos informen sobre el avance de los casos, inclusive se habría sugerido que los casos se lleven en Lima. “Según la comunicación oficial, habían ordenado varias carpetas fiscales se trasladen a Lima”, dijo.
Por ello, señaló que, estarán al pendiente si la carpeta fiscal 023 continúa en Juliaca, al igual que la carpeta 05 de Macusani. “Vamos a estar al pendiente también de las carpetas (fiscales) de Ilave y Juli. Los hechos de Juliaca, debe continuar en Juliaca”, dijo, al tiempo de precisar que la Fiscalía en Derechos Humanos instalado en Juliaca debe implementarse con peritos, logística, para que continúe la investigación.
