Los pobladores acudieron a la Municipalidad Provincial de San Román para pedir que se esclarezca la situación jurídica de sus predios y áreas destinadas a servicios públicos.
Los vecinos de la urbanización Néstor Cáceres Velásquez de Juliaca llegaron hasta la Municipalidad Provincial de San Román para expresar su preocupación por la situación legal de los terrenos que ocupan y los trámites de regularización de sus lotes. Alipio Moya Mamani, secretario de actas y archivos de actas de la Urbanización Néstor Cáceres Velásquez, señaló que la urbanización comprende aproximadamente 2 millones 214 mil metros cuadrados, distribuidos en 157 manzanas y 2 mil 770 lotes de vivienda.
El dirigente manifestó que los vecinos vienen realizando procedimientos de prescripción adquisitiva de dominio para regularizar individualmente sus propiedades. Sin embargo, cuestionó que la municipalidad recepcione documentación presentada por una persona identificada como Mauro Luis Frisancho Toro Caviedes, señalando que estos trámites estarían generando dificultades para obtener certificados, numeración predial, visado de planos, constancias de posesión y otros documentos.
Asimismo, sostuvo que la antigua Fundación para el Desarrollo de la Educación Nacional (FONDAL) se encuentra disuelta administrativamente y que los terrenos estarían sujetos a un proceso de liquidación y supervisión. También indicó que existirían documentos y actas que respaldarían la regularización individual de los predios. Agregó que existe una investigación fiscal relacionada con la documentación cuestionada, por lo que solicitarán al Ministerio Público que concluya las diligencias y determine las responsabilidades que correspondan.
Finalmente, los vecinos expresaron su preocupación por la situación de áreas destinadas a servicios y espacios públicos, entre ellos, un estadio y el terreno donde se viene construyendo un jardín. La organización vecinal pidió a la Municipalidad Provincial de San Román y al Ministerio Público esclarecer la situación jurídica de los terrenos y garantizar el debido proceso para todas las partes, a fin de que la regularización de las propiedades de las familias no continúe siendo afectada.
