Tras la aprobación del Pleno del Congreso, que otorgó la autorización para que la presidente de la República, Dina Boluarte, viaje a Brasil entre el 7 y el 9 de agosto para participar en la Cuarta Reunión Presidencial de los Estados parte en el Tratado de Cooperación Amazónica, el analista político, Rolando Giménez, señaló que los congresistas podrían ser constitucionalmente denunciados por el nuevo Congreso que se elija en el año 2026.
Así mismo, precisó que, acabado su periodo de mandato, el nuevo parlamento podría iniciar un proceso investigativo por infracción constitucional a todos los congresistas que han aprobado la ley que autoriza el viaje de la jefa de Estado a otro país, además de una posible inhabilitación política hasta por 10 años. Similar situación también le sucedería a la presidente de la República al término de su mandato.
Referente a la propuesta por un grupo de congresistas de moción de vacancia a la presidenta Boluarte, Rolando Giménez dijo que, pese a ser el camino que se debiera de seguir al retorno de la mandataria a territorio nacional, no será posible, debido a la posición que ha adoptado el Congreso actualmente.
“Al parlamento no le interesa la legalidad o la vigencia de la ley, les interesa la fuerza de los votos y las alianzas que pueden tener para llegar hasta el término de su gestión”, agregó.
