El Ministerio Público, programó tomar declaraciones de 27 familiares de las víctimas, además de 241 heridos y 27 testigos, entre funcionarios y servidores públicos.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ayer emitió una disposición para extender por ocho meses el tiempo de investigación preliminar abierta contra la mandataria Dina Boluarte, por los crímenes que se cometieron durante las protestas sociales de diciembre del 2022 y enero del 2023.
Esta misma decisión también fue adoptada para los otros investigados: el premier Alberto Otárola, el expremier Pedro Angulo Arana, el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta; el ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, y los exministros de la misma cartera César Cervantes y Víctor Rojas Herrera, quienes enfrentan una investigación por el presunto delito contra la humanidad, en la modalidad de genocidio, además de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado.
Así mismo, entre las futuras diligencias, se programó tomar las declaraciones de 27 familiares de las víctimas, además de 241 heridos y 27 testigos, entre funcionarios y servidores públicos.
Además del testimonio de Manuel Gómez de la Torre, jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, quien declaró que Dina Boluarte sí tenía conocimiento de las acciones militares, durante las protestas.
Fuente: La República
