Lamentaron que, hasta el momento ni la Policía Nacional del Perú, mucho menos las Fuerzas Armadas, dieron los informes de las armas que utilizaron durante las protestas sociales.
Cerca de un año de haberse reportado alrededor de 70 fallecidos en el sur del país, a causa del rechazo que generó la toma de poder de la actual presidenta de la república, Dina Boluarte, la directora del movimiento global de Amnistía Internacional, Marina Navarro, lamentó que, hasta la fecha no se tenga avances relevantes para identificar a los responsables de estos lamentables hechos, que enluto a cientos de familiares en todo el territorio nacional.
Así mismo, precisó que, a prácticamente un año, ni la Policía Nacional del Perú, mucho menos las Fuerzas Armadas, dieron los informes de las armas que utilizaron durante las protestas sociales, además se ha visibilizado el cambio constante de los fiscales que vienen llevando las investigaciones de las carpetas fiscales que se encuentran en el Ministerio Público de Lima.
Otra observación que se hizo, en este nuevo informe, es que, pese a que se ha exhortado en múltiples ocasiones, hasta el momento la Fiscalía de la Nación, no viene facilitando intérpretes durante las audiencias, la cuales permitan facilitar las declaraciones de los familiares que hablan en el idioma quechua o aimara.
Referente a las declaraciones a los funcionarios con alto cargo en el país por parte de la Fiscalía de la Nación, no se ha obtenido ningún avance significativo, lo que viene desatando malestar por parte de los diversos organismos internacionales, quien aguardan tener prontas respuestas a los cuestionamientos que se viene realizando al Ministerio Público.
“No se está enfocando y priorizando lo que realmente es importante y son las víctimas y los familiares de los fallecidos, quienes hasta el momento son sindicados por los organismos fiscales con calificativos incoherentes como “terroristas”, pese a que desde Amnistía Internacional se ha solicitado expresamente que no se continúe con la estigmación”, dijo.
