Jacinto Ticona Huamán, Jefe de la Oficina Defensorial de Puno, manifiesta su preocupación respecto al problema en el proceso CAS 2019-I convocado por la Dirección Regional de Salud Puno, donde la comisión debió prever el costo de la evaluación.
Señala que se estaría incurriendo en un ilícito penal debido al cobro indebido que se viene realizando, ya que esto surgió posterior a las bases emitidas, del mismo modo observó la forma de la emisión del comunicado efectuado por la Dirección Regional de Salud Puno.
“Toda decisión no debe implicar la afectación a los derechos de ciudadanos y postulantes, se tiene que velar por la gobernabilidad y de esta manera evitarse los conflictos sociales o gestionarlos a tiempo”, indicó.
