Padres del sexto grado “D” cuestionan el eventual retorno de una docente investigada por presuntos actos de maltrato físico y psicológico; Defensoría pide esclarecer el caso y garantizar la continuidad de las clases
El coordinador del Módulo Defensorial de la Provincia de San Román, Nivardo Enríquez Barriales, alertó sobre una posible situación de conflicto en la Institución Educativa Primaria Túpac Amaru, luego de que padres de familia del sexto grado “D” expresaran su rechazo al eventual retorno de la docente Remigia Condori, quien es señalada por presuntos actos de maltrato físico y psicológico contra estudiantes. El representante defensorial informó que tomó conocimiento del caso tras recibir a los padres de familia y que posteriormente verificó la situación en el plantel, donde constató que, por el momento, la subdirectora viene asumiendo la enseñanza de los alumnos.
Enríquez Barriales, señaló que la preocupación de los padres se centra en que la docente podría retornar al aula una vez que concluya el procedimiento administrativo. Según los progenitores, uno de los presuntos hechos de agresión habría ocurrido en abril, cuando un estudiante habría sido jalado del hombro y arrojado al piso por la docente. El menor habría comunicado posteriormente lo ocurrido a su familia y a la subdirectora del plantel. Los padres también aseguran que otros estudiantes habrían sido víctimas de presunto maltrato psicológico mediante expresiones descalificadoras. Estas versiones deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes.
El coordinador del Módulo Defensorial cuestionó, además, que los padres no habrían sido notificados para ampliar sus declaraciones ni presentar mayores elementos probatorios durante la investigación. Explicó que la Comisión de Procesos Administrativos de la UGEL San Román ya habría remitido un informe, pero que, hasta el momento de la intervención defensorial, no se contaba con la resolución final. Enríquez consideró necesario que la investigación incluya todos los medios probatorios disponibles y, de corresponder, las declaraciones de los menores con el acompañamiento de profesionales especializados, para determinar de manera objetiva si existen responsabilidades.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo pidió a la UGEL San Román y a la institución educativa adoptar medidas que permitan evitar una mayor conflictividad para garantizar la continuidad de las clases mientras se define la situación de la docente.
